Aún a riesgo de continuar “haciendo amigos”, como veo que existe una cierta confusión en torno a qué es libertad de expresión y cuáles son sus límites, voy a abordar las coordinadas jurídicas que rigen en el asunto llamado “titiriteros”.

En éste, nuestro país, todo bicho viviente tiene opinión fundada acerca de cuáles son sus derechos o los del vecindario. Corre la idea de que tenemos derecho a todo (desde luego poquísimas, por no decir ninguna, obligaciones) y que, además, sabemos más que nadie sobre adecuación a la Constitución de cualquier conducta, compatibilidad de cualquier actuación con la democracia o, incluso, sobre cómo deberían los jueces, fiscales y demás expertos en Derecho, interpretar y aplicar (evidentemente en la forma que nos parezca más adecuada para nuestros intereses, legítimos o no) el Código Penal o la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicar la prisión provisional, determinar medidas cautelares o interponer multas y…