La política de dispersión de los presos etarras se inició (después de haberse optado durante años por la contraria) para conseguir una serie de objetivos: ninguno de los objetivos manifestados tenía que ver con la imposición de un castigo adicional —al previsto en la ley— a los condenados (o preventivos) o a sus familias (en el caso de las familias, esto habría sido no solo ilegal, sino inconstitucional). Los objetivos se relacionaban con la existencia de una banda terrorista en activo que quería controlar a sus miembros y evitar precisamente que alguno de ellos diera pasos para reinsertarse.

Estos objetivos oficiales son los que se alegaron constantemente por las autoridades españolas. De hecho, a lo largo del tiempo hubo declaraciones que daban a entender que esa política se mantendría mientras fuera precisa por la existencia de la banda. Conforme a esas declaraciones, no se trataba tanto de dar un supuesto…