El magistrado Llarena ha decidido denegar la petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva. En ese mismo auto ha decidido dejar sin efecto las medidas acordadas a determinadas personas inicialmente investigadas por rebelión, y hoy solo procesadas por desobediencia: son Anna Simó, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet.

Y en ese mismo auto ha dejado claro que no es él quien tiene que decidir en qué centro penitenciario han de estar los procesados en prisión preventiva. Y tiene razón. Lo extraordinario es que el ministro del Interior, juez de profesión, había dicho hoy mismo justo lo contrario (minutos 12′ en adelante). Y ha sido magistrado de la Audiencia Nacional. Ojo, no hablo de que la administración tenga en cuenta el criterio del juez y cuestiones prácticas: lo que dice el ministro es que es el juez el que tiene la competencia.

Por último, también hoy, Llarena ha inadmitido