La exposición razonada de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid solicitaba al Tribunal Supremo que se hiciera cargo de una de las piezas separadas de las diligencias previas abiertas en dicho juzgado —como consecuencia del caso del máster de Cristina Cifuentes y el descubrimiento del «chiringuito» del catedrático Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos—.

La magistrada sostenía que su instrucción ya no podía continuar al afectar a una persona aforada, el diputado del PP, Pablo Casado, y, al ser los hechos inescindibles, el Supremo se tendría que hacer cargo de la instrucción relativa a dicho diputado y a los demás investigados.

Esto suponía practicar una serie de diligencias —declaración de Casado, requerimiento para la entrega de un ordenador portátil que decía conservar en el que aún permanecerían los archivos de los trabajos del máster y, en general, de cualquier documento que acreditase que…